Los inmigrantes de bajos ingresos se vieron afectados, de una manera muy particular. Cuando se vieron sin su puesto de trabajo, no se vieron capaces de pagar la hipoteca. Y, por otro lado, no eran capaces de vender sus casas. Los precios de las viviendas, hay que recordar, llevan cuatro años cayendo en picado. Según los abogados que ayudan, de manera voluntaria, a las víctimas de los desahucios, indican que no tenían ni idea en donde se estaban metiendo. Según estos últimos, los bancos y los intermediarios hipotecarios buscaban como objetivo a la comunidad ecuatoriana, que se disparó en el “boom”, lo que hizo que se convirtieran en la tercera nacionalidad de extranjeros, en España, tras los rumanos y los marroquíes. Hay que recordar que llegaron a una cifra de 400.000 personas. A inicios de la década del 2000, era mucho más fácil, para un inmigrante que no tenía muchos ingresos económicos, comprar una casa, que alquilarla. Debemos recordar que hay caseros que exigen un aval de 6 meses o, incluso, un año de alquiler, para poder entrar en la vivienda. Mientras, en el caso de pedir un préstamos, los bancos los ofrecían, sin tener ninguna cuota inicial. Por otro lado, muchos ecuatorianos estaban bajo presión, ya que debían tener que demostrar que tenían una vivienda, para poder solicitar que sus familiares pudieran venir de Sudamérica. Entonces, nacieron los intermediarios hipotecarios o “chiringuitos”, que crearon negocios pequeños, que se hacían pasar por grupos, que no tenían fines lucrativos, para poder ayudar a los inmigrantes.
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