Lo primero, hay que tener en cuenta la nueva normativa sobre el alquiler. El Consejo de Ministros ha aprobado, el pasado mes de mayo, el anteproyecto de Ley, por el que se realizan cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de Enjuiciamiento Civil. Así, según el propio Ejecutivo, con estas nuevas medidas, que no van a entrar en vigor, hasta este mes de septiembre, cuando el Congreso lo acuerde de manera definitiva, lo que se pretende es lograr una mayor flexibilidad dentro del mercado del alquiler. Este mercado nos muestra, todavía, unas cifras bastante exiguas, si los comparamos, con el de otros países. En España, sólo un 17% de la población vive en una vivienda en alquiler, frente al 29% de media de la Unión Europea y muy lejos de datos como: el 38% en Francia, el 47% en Alemania o el 56% en Suiza. Varios expertos han señalado que el objetivo de fomentar el alquiler puede verse truncado, por varias razones; pues si lo que se busca es proteger a la persona que alquila, los inquilinos podrían llegar a verse en una situación de desprotección y de inestabilidad, que sería bastante perjudicial.
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