Hasta
ahora, esto va a implicar una carga financiera muy importante, para
cada uno de los nuevos proyectos, que se ven obligados a pagar un
alquiler o una hipoteca, más los posibles costes de financiación de
la inversión, sin poder comenzar la actividad, hasta haber terminado
el trámite burocrático. Dichos casos, en algunos casos, va a
provocar que la empresa se vaya al traste. La nueva normativa va a
implicar pasar de un complicado sistema de licencias, en un primer
momento, a otro de control, a posteriori. Esto significa que la
inspección municipal para poder funcionar ya no va a ser anticipada,
sino que el control sobre las distintas instalaciones, condiciones
del local, su seguridad... se va a llevar en una vez que el comercio
empiece a funcionar. La medida va a ser válida para el comercio
minorista, la pequeña empresa textil, artesanal y del calzado, más
otros servicios, y va a buscar poder reducir los plazos de apertura
de dichos establecimientos, que suele oscilar entre los 6 y los 18
meses. Hasta que se puso en funcionamiento dicha medida -a partir de
este mes de junio-, para poder abrir un comercio, eran necesarias dos
licencias, una de establecimiento y otra de actividad, que se
aplicaban y se transmitían, con grandes diferencias, a la hora de
hablar de plazos, requisitos y criterios.
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